(untitled) (Revista Acta Judicial, 2019)
Los Letrados de la Administración de Justicia, como operadores jurídicos de primer orden en el ámbito del proceso (auténticos “cuidadores del procedimiento” en afortunada expresión de Jesús Seoane Cacharrón) no pueden ser ajenos a las importantes novedades y avances que se han producido en los últimos tiempos en relación con la ejecución hipotecaria, sobre toda a raíz de la positiva influencia de la jurisprudencia del TJUE y las obligadas reformas legales que ha exigido y conllevado. Es más, la tesis que se sostiene en este artículo, y que se va a intentar defender con argumentos objetivos, es la de que los Letrados de la Administración de Justicia pueden y deben dar un paso al frente realizando un interpretación progresiva de la normativa procesal, en línea con las tesis promulgadas por la DGRyN y una parte cada vez mayor de la jurisprudencia, para tratar de proteger al deudor-consumidor en todo aquello que esté a su alcance, y ello con total independencia del criterio que puedan sostener otras instancias de decisión en el propio proceso. Porque los Letrados de la Administración de Justica no son meros autómatas aplicando la ley procesal, sino intérpretes cualificados de la misma y, por ende, la primera línea de defensa del deudor-consumidor frente a la actuación del poderoso, el empresario predisponente.